CLIMA

El monitoreo y evaluación del progreso en la implementación de estrategias para la adaptación, los impactos alcanzados y los efectos de las acciones de AbE deberían ser dos constantes en el ciclo de la adaptación, toda vez que permiten identificar factores que han contribuido a acercarse al objetivo, así como los obstáculos encontrados y, a partir de ello, realizar las mejoras y ajustes necesarios.

Líneas de acción sugeridas:

• Incluir en las políticas y/o leyes, programas o disposiciones destinados a promover la investigación, el desarrollo y/o transferencia de tecnologías para la observación y monitoreo estandarizados de los ecosistemas y sus servicios.
• Desarrollar programas para fomentar la transferencia, difusión y/o sistematización del conocimiento tradicional y local. Estos programas deben desarrollarse con la participación y el consentimiento de los pueblos indígenas y locales, de manera tal de proteger legalmente sus conocimientos y prever su participación equitativa de los beneficios de su utilización.
• Instaurar un programa y/o marco legal para la obtención e integración de información generada por el sector privado relacionada con el Cambio climático y los ecosistemas.
• Diseñar un mecanismo, plataforma o sistema para integrar todas las fuentes y tipos de información previamente descritos.
• Establecer mecanismos que promuevan la transparencia de las acciones del sector público.
• Comunicar la información relevante a la población, atendiendo a que la forma en la cual dicha información es presentada sea de fácil comprensión y se difunda a través de medios apropiados considerando las realidades culturales de los destinatarios finales.

La información es la base sobre la cual se diseña un plan de adaptación y se evalúan sus progresos e impactos. Resulta, por tanto, necesario procurar contar con la mejor información científica disponible, así como integrar los conocimientos tradicionales y locales para gestionar la incertidumbre y la complejidad del cambio climático y sus efectos sobre los ecosistemas y las personas.

Líneas de acción sugeridas:

• Incluir en las políticas y/o leyes programas o disposiciones destinados a promover la investigación, el desarrollo y/o transferencia de tecnologías para la observación y monitoreo estandarizados de los ecosistemas y sus servicios.
• Desarrollar programas para fomentar la transferencia, difusión y/o sistematización del conocimiento tradicional y local. Estos programas deben desarrollarse con la participación y el consentimiento de los pueblos indígenas y locales, de manera tal de proteger legalmente sus conocimientos y prever su participación equitativa de los beneficios de su utilización.
• Instaurar un programa y/o marco legal para la obtención e integración de información generada por el sector privado relacionada con el cambio climático y los ecosistemas.
• Diseñar un mecanismo, plataforma o sistema para integrar todas las fuentes y tipos de información previamente descritos.
• Comunicar la información relevante a la población, atendiendo a que la forma en la cual dicha información es presentada sea de fácil comprensión y se difunda a través de medios apropiados considerando las realidades culturales de los destinatarios finales.

La creatividad y la innovación son fundamentales para diseñar soluciones para la Adaptación al cambio climático. El intercambio de experiencias puede favorecer la innovación y promover la flexibilidad, al ofrecer una gran diversidad de opciones y respuestas ajustables a diferentes contextos.

Líneas de acción sugeridas:

• Diseñar plataformas virtuales o espacios de intercambio presencial de prácticas y experiencias a distintos niveles y entre diversos sectores (inter-comunidades, inter-municipales, interdepartamentales, internacionales), por ejemplo, PANORAMA o weADAPT.
• Establecer programas o iniciativas de transferencia de conocimientos y tecnologías.

La naturaleza transversal de la adaptación hace necesaria la integración de la AbE en las políticas sectoriales y el involucramiento de diversas instituciones para su implementación. Las instituciones/grupos/comisiones/comités son clave para garantizar la coherencia entre las acciones y esfuerzos llevados a cabo por los diversos sectores a lo largo de todo el ciclo de las políticas públicas para la adaptación.

Líneas de acción sugeridas:

• Identificar los sectores más vulnerables, las instituciones responsables de la política sectorial e incorporar objetivos y acciones de AbE.
• Fomentar la integración del sector público con el sector privado, la sociedad civil y los profesionales del sector académico.
• Determinar/designar una entidad en forma de institución/grupo/comité/comisión responsable de coordinar las acciones de adaptación entre los sectores interesados. Se recomienda otorgar funciones para este fin a alguna entidad existente antes de establecer nuevas entidades que pudieran ser costosas.
• Proveer de funciones, competencias y poderes en la materia a la instancia especializada a fin de que pueda formular, proponer, recomendar políticas, estrategias y acciones que sean claves para la gestión de los ecosistemas para la adaptación al cambio climático.
• Definir en las políticas y/o leyes los instrumentos adecuados para la gestión integrada de los ecosistemas (ej. planes de ordenamiento territorial), garantizando que se incorporen evaluaciones de Vulnerabilidad en los procesos de elaboración e implementación de dichos instrumentos y la adopción de medidas para la AbE.

La AbE se implementa en múltiples niveles y escalas espaciales, motivo por el cual es importante impulsar la coordinación entre distintos niveles de gobierno. Asimismo, resulta necesario encontrar mecanismos de cooperación entre distintas demarcaciones administrativas/departamentales/regionales/nacionales que comparten un Ecosistema.

Líneas de acción sugeridas:

• Identificar las instituciones gubernamentales en todos los niveles de gobierno relacionadas con la gestión integrada de los ecosistemas y el cambio climático.
• Definir claramente las competencias y atribuciones de cada uno de los niveles de gobierno y materias relevantes (gestión de recursos naturales y ecosistemas).
• Establecer directrices/criterios de actuación para la articulación entre múltiples niveles para la toma de decisiones en caso de existan competencias concurrentes.
• Promover acuerdos de cooperación en la materia entre distintas demarcaciones administrativas/departamentales/regionales/nacionales y, cuando corresponda, más allá de las fronteras de un Estado.

Los impactos del cambio climático afectan a cada localidad, región o país de manera diferenciada. Asimismo, los ecosistemas se gestionan de mejor manera a nivel local para poder atender a las particularidades de cada contexto. El principio de subsidiariedad fortalece el rol de las comunidades y gobiernos locales en la toma de decisiones y otorga un rol de coordinación a niveles más altos de gobierno.

Líneas de acción sugeridas:

• Dotar de competencias y atribuciones a los niveles locales para la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los ecosistemas y la adaptación.
• Fortalecer el rol de los gobiernos locales para la elaboración de políticas y normas relacionadas con la adaptación y la gestión de los ecosistemas.


• Asignar presupuesto público a los gobiernos locales para la gestión de los ecosistemas y la adaptación.
• Diseñar e implementar planes de capacitación a nivel local sobre la gestión integrada de ecosistemas en el contexto del cambio climático.
• Implementar programas de sensibilización sobre el cambio climático y la AbE.

La conservación en conectividad es una estrategia de conservación en diversas áreas naturales que se encuentran interconectadas y en ambientes degradados y fragmentados por el desarrollo u otros impactos de origen humano. Los corredores biológicos y cinturones verdes son ejemplos de la conservación en conectividad. El objetivo de esta estrategia es mantener o restaurar la integridad de los ecosistemas naturales afectados, así como de los vínculos entre hábitats críticos para la vida silvestre, y los procesos ecológicos que permiten que la naturaleza provea bienes y servicios ecosistémicos.

La conservación en conectividad es especialmente importante para la adaptación al cambio climático ya que ayudar a reducir los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, contribuyendo con ello a aumentar la resiliencia de los sistemas humanos y naturales ante este fenómeno.

En este sentido es importante que tanto las políticas y leyes de áreas protegidas, como aquellas políticas sectoriales fomenten la comprensión y valoración de los servicios ecosistémicos que utiliza, así como la conectividad de los ecosistemas, a fin de poder reducir los factores de estrés que aumentan la vulnerabilidad de estos e integrar medidas de AbE adecuadas al contexto, al sector y a la amenaza climática.

Líneas de acción sugeridas:

• Identificar los servicios ecosistémicos por sector y su integración en políticas, planes y programas correspondientes.
• Definir unidades apropiadas para la gestión integrada de los ecosistemas y sus servicios, por ejemplo, cuencas hidrográficas, cuencas atmosféricas, sub-cuencas o micro-cuencas.
• Desarrollar evaluaciones de vulnerabilidad al cambio climático en las unidades de gestión definidas, identificando los servicios ecosistémicos, los sectores afectados, los usuarios y beneficiarios de dichos servicios y las Amenazas climáticas.
• Establecer relaciones y sinergias entre distintos sectores para la gestión integrada de los ecosistemas y sus servicios en el contexto del cambio climático.
• Incluir en las políticas y leyes sectoriales disposiciones para promover el uso de “enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas”, durante el diseño e implementación de la estrategia de adaptación del sector correspondiente.
• Remitir en las políticas y leyes sectoriales referencias a los criterios y estándares de cualificación de la AbE internacionalmente reconocidos, por ejemplo, los establecidos en los estándares de UICN sobre soluciones basadas en la naturaleza o el marco de cualificación elaborado por los Amigos de la Adaptación basada en Ecosistemas (FEBA, por sus siglas en inglés).
• Integrar en las políticas y leyes sectoriales las salvaguardas de la AbE, desarrolladas en las Directrices voluntarias para el diseño e implementación eficaz de enfoques basados en los ecosistemas para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, adoptadas por la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en la Decisión V/14 sobre Diversidad Biológica y Cambio Climático.

Los ecosistemas sanos pueden proteger a las personas al reducir su Exposición ante eventos meteorológicos extremos y amortiguar sus impactos. Por ello es importante reducir los factores de estrés de los ecosistemas, tomar medidas para la gestión de riesgos asociados al cambio climático y su restauración cuando corresponda.

Líneas de acción sugeridas:

• Identificar los riesgos climáticos en los ecosistemas y en los asentamientos humanos urbanos y rurales, a través de atlas de vulnerabilidad, atlas de riesgos o inventarios de zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales.
• Fortalecer la gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático en políticas y leyes.
• Definir una infraestructura institucional en los distintos niveles de gobierno para la reducción del riesgo, la coordinación de actores durante la gestión de eventos climáticos extremos y la restauración cuando corresponda.
• Desarrollar sistemas de alerta temprana.
• Fomentar la sensibilización de la población para dar respuesta a riesgos climáticos.
• Incluir en las políticas/leyes correspondientes medidas de AbE que tengan por objeto la reducción de riesgos de desastre en los asentamientos humanos urbanos y rurales.
• Prever planes para la movilidad poblacional ante eventos meteorológicos extremos
• Establecer acciones de restauración de los ecosistemas posteriores a los eventos climáticos extremos.

El reconocimiento y la valoración de los ecosistemas por parte de los distintos sectores puede ofrecer múltiples oportunidades a nuevos modelos de gestión y de negocios. Para aprovechar estas oportunidades sin incrementar la vulnerabilidad al cambio climático, se debe garantizar que el uso de los servicios ecosistémicos sea conforme a la capacidad de carga de los mismos y con una distribución equitativa de los beneficios y las consecuencias negativas derivadas de su utilización.

Líneas de acción sugeridas:

• Desarrollar un programa para impulsar la investigación sobre las capacidades de carga de cada de los ecosistemas a la escala más adecuada para su gestión.
• Diseñar instrumentos económicos para cuantificar y certificar los beneficios secundarios de la AbE.
• Desarrollar metodologías e instrumentos para calcular la huella ecológica de las actividades productivas, a fin de integrar la información en los análisis relativos a las capacidades de carga de los ecosistemas y las evaluaciones de vulnerabilidad.
• Integrar las capacidades de carga de los ecosistemas, además de los riesgos climáticos en el régimen de permisos ambientales para las actividades económicas y garantizar que las medidas de mitigación del impacto ambiental sean adecuadas para el mantenimiento de la integridad ecológica.
• Establecer disposiciones en las leyes relevantes para integrar los resultados de las evaluaciones de vulnerabilidad en los regímenes de concesiones y cuotas de uso o aprovechamiento de los recursos naturales y prever procesos de evaluación periódica para actualizar su alcance o contenido conforme a la capacidad de carga de los ecosistemas en el contexto del cambio climático. Se recomienda que los procesos de actualización se rijan por principios de derecho ambiental, tales como, el principio de progresividad y el principio de precaución. Integrar un enfoque de economía circular en los esquemas de producción.
• Identificar las barreras para el efectivo cumplimiento de la legislación ambiental (incluyendo las del control de la contaminación, gestión de residuos, etc.) y diseñar planes de acción para su eliminación, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas ante el cambio climático.
• Emplear herramientas disponibles para valorar los daños a los bienes y servicios ambientales, en especial en los casos judiciales (por ejemplo, herramienta EVRI).

El derecho humano a un medio ambiente sano considera el cuidado de los ecosistemas como un derecho y un deber de todas las personas. Comprende además otros derechos de carácter procedimental para garantizar su ejercicio, tales como el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos relacionados con el medio ambiente. Estos derechos, en su conjunto, son fundamentales para el involucramiento de toda la sociedad en el proceso de adaptación al cambio climático.

Líneas de acción sugeridas:

• Promover la ratificación de instrumentos internacionales en la materia, por ejemplo, Convenio de sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus) y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
• Legislar sobre los derechos procedimentales ambientales (acceso a la información, participación pública y acceso a la justica en asuntos ambientales). Es importante garantizar que estos derechos sean aplicables a las distintas etapas del proceso de adaptación. Se pueden tomar en cuenta las Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales elaboradas por UNEP y su guía de implementación.
• Diseñar e implementar programas para la educación de los ciudadanos y los funcionarios públicos sobre el alcance y el ejercicio de este derecho y los derechos procedimentales ambientales.
• Establecer normas procedimentales para dar acceso a personas físicas y jurídicas para la defensa del medio ambiente, incluyendo la promoción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

El derecho humano a un medio ambiente sano considera el cuidado de los ecosistemas como un derecho y un deber de todas las personas. Comprende además otros derechos de carácter procedimental para garantizar su ejercicio, tales como el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos relacionados con el medio ambiente. Estos derechos, en su conjunto, son fundamentales para el involucramiento de toda la sociedad en el proceso de adaptación al cambio climático.

Líneas de acción sugeridas:

• Promover la ratificación de instrumentos internacionales en la materia, por ejemplo, Convenio de sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus) y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
• Legislar sobre los derechos procedimentales ambientales (acceso a la información, participación pública y acceso a la justica en asuntos ambientales). Es importante garantizar que estos derechos sean aplicables a las distintas etapas del proceso de adaptación. Se pueden tomar en cuenta las Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales elaboradas por UNEP y su guía de implementación.
• Diseñar e implementar programas para la educación de los ciudadanos y los funcionarios públicos sobre el alcance y el ejercicio de este derecho y los derechos procedimentales ambientales.
• Establecer normas procedimentales para dar acceso a personas físicas y jurídicas para la defensa del medio ambiente, incluyendo la promoción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Los pueblos indígenas y tribales tienen una cosmovisión propia que define sus relaciones individuales y colectivas con la Naturaleza, sus elementos y el territorio. Derivado de prácticas ancestrales tanto de carácter social, cultural como espiritual, han desarrollado un profundo conocimiento sobre biodiversidad y gestión del territorio. Frente a los efectos del cambio climático es necesario reconocer tanto sus derechos como su papel en el diseño e implementación de medidas de AbE.

Líneas de acción sugeridas:

• Promover la ratificación del Convenio 169 OIT y reconocer la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas e impulsar su aplicación a nivel interno a través de programas y políticas que garanticen el disfrute de los derechos establecidos.
• Reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas sobre el territorio y los recursos naturales en las Constituciones nacionales, en especial el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
• Prever que las disposiciones jurídicas sobre Evaluaciones Ambientales Estratégicas, Evaluaciones de Impacto Ambiental y las Evaluaciones de Impacto Social desarrollen procedimientos específicos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
• Disponer que los proyectos de desarrollo también evalúen los impactos culturales y en el patrimonio cultural en territorios indígenas y sitios sagrados.
• Prever la creación y existencia de instituciones nacionales que representen, defiendan y promuevan los derechos de las comunidades y pueblos indígenas en foros locales, nacionales e internacionales.
• Establecer recursos administrativos y judiciales adecuados a las realidades sociales, económicas y culturales de los pueblos indígenas para garantizar el ejercicio de sus derechos, en especial, los de participación en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático.

Las mujeres juegan un rol central en el desarrollo nacional, en la respuesta al cambio climático y en la gestión de los ecosistemas. Además, las mujeres sufren los impactos del cambio climático de manera diferenciada ya que, por un lado, dependen en mayor medida de los recursos naturales al tener un papel protagónico en la crianza de la niñez, la producción de alimentos, la cría de ganado y la agricultura de subsistencia y, por el otro, cuentan con menores recursos para adaptarse como consecuencia de las oportunidades desiguales en el ámbito económico, político, educativo y de salud. Es importante, por tanto, que los instrumentos normativos reconozcan la existencia de impactos, riesgos y necesidades de las mujeres para participar activamente en la toma de decisiones y en la economía y se desarrollen respuestas diferenciadas entre géneros, como consecuencia de los roles y papeles que juega cada uno en la sociedad.

Asimismo, existen otros grupos de personas, que dependiendo de su edad, etnia o condiciones económicas pueden estar sujetos a mayor riesgo de ser afectados por el cambio climático, por lo que es fundamental tomar medidas para garantizar su participación en el proceso de AbE.

Líneas de acción sugeridas:

• Promover la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Reconocer y garantizar el derecho a la igualdad de género en las Constituciones nacionales.
• Diseñar e implementar programas para identificar situaciones de desventaja de las mujeres en los programas y políticas sectoriales, y promover mecanismos para corregir dichas situaciones.
• Revisar la normativa sobre la propiedad privada para remover elementos que pudieran discriminar en función del género.
• Desarrollar instituciones que promuevan el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, en especial, en relación al cambio climático y la gestión de los ecosistemas.
• Identificar a las poblaciones vulnerables donde se pretendan realizar acciones de AbE e incluirlas en el proceso de toma de decisiones.

Una de las prioridades para la adaptación al cambio climático es el financiamiento adecuado de cada una de las distintas etapas de su ciclo. Este aspecto constituye un reto significativo, especialmente para los países en desarrollo, por lo que es necesario desarrollar instrumentos económicos y financieros para integrar los recursos provenientes de distintas fuentes tanto públicas como privadas, nacionales o internacionales. Particularmente, la integración de los recursos públicos con los privados requiere de un cuidadoso manejo, apegado a criterios de eficiencia, transparencia, debido proceso, oportunidad y cumplimiento con salvaguardas sociales y ambientales.

Líneas de acción sugeridas:

• Estimar en forma adecuada las necesidades de financiamiento para la adaptación.
• Aplicar estrategias para la obtención de financiamiento de fondos internacionales.
• Establecer una partida para la adaptación al cambio climático y para acciones de AbE en el presupuesto público.
• Adaptar las normativas de fondos existentes, por ejemplo, aquellos de desarrollo agropecuario o forestal con el fin de canalizar recursos para la AbE.
• Contemplar en la normativa el desarrollo de instrumentos económicos que permitan captar y canalizar recursos financieros para la aplicación de medidas y acciones de AbE, por ejemplo, modelos de certificación, seguros climáticos, bonos climáticos.
• Establecer un régimen de transparencia y acceso a la información gubernamental de los instrumentos económicos.
• Llevar a cabo diagnósticos de potenciales riesgos de corrupción con relación al financiamiento de fuentes internacionales que se reciba.
• Establecer criterios para la evaluación de los resultados de los proyectos de AbE que hayan recibido financiamiento, a fin de facilitar su verificación, así como su contribución a la consecución de metas nacionales y compromisos internacionales en materia de adaptación.

Todas las actividades económicas producen de una manera u otros impactos sobre los ecosistemas y sus servicios. En muchas ocasiones, dichos impactos son desconocidos debido a la complejidad de los ecosistemas y la incertidumbre respecto al cambio climático. En otras ocasiones, los impactos son o pueden ser conocidos, pero pueden no ser aceptables para las comunidades que los padecen o para la sociedad en general. Finalmente, en ciertos escenarios, se pueden aplicar alternativas a la actividad o, en caso de llevarse a cabo la actividad, o imponer medidas de mitigación del daño, la compensación o restauración una vez que cesa la actividad económica en cuestión. En todos estos casos pueden surgir controversias respecto a la misma decisión, por lo que es importante que se apliquen principios de derecho ambiental al tomar decisiones relacionadas con la AbE. Las Constituciones nacionales y las legislaciones comúnmente ya incluyen principios que ofrecen directrices a los jueces y los tomadores de decisiones para ponderar los distintos intereses en juego, o la interpretación y aplicación de las normas aplicables a dichas actividades.

Líneas de acción sugeridas:

Aplicar principios o directrices en las Constituciones nacionales y/o las políticas, planes, programas y leyes sectoriales relevantes para la adaptación y la gestión de los ecosistemas. Se sugieren, como mínimo, los siguientes:

• Principio de equidad intergeneracional
• Principio de justicia intergeneracional
• Principio de la incorporación de la variable ambiental
• Principio de la Regulación Jurídica Integral
• Principio de la soberanía estatal sobre los recursos naturales
• Principio de contaminador-pagador
• Principio de no regresión/ de progresividad
• Principio de precaución
• Principio de prevención
• Principio de proporcionalidad
• Principio de respeto a toda forma de vida
• Principio de responsabilidad ambiental
• Principio de solidaridad
• Principio de subsidiariedad
• Principio de transparencia y rendición de cuentas
• Principio del desarrollo sostenible

La interacción entre los distintos actores (Estado, sector privado, pueblos indígenas, comunidades, sociedad civil) que en ocasiones tienen intereses diferentes, puede dar lugar a conflictos sobre los recursos naturales que es necesario resolver. Para ello es importante facilitar el acceso a procedimientos de carácter judicial y extrajudicial.

Líneas de acción sugeridas:

• Disponer en la legislación medios procesales para la defensa del medio ambiente. Por ejemplo, acciones colectivas, amparo, recursos administrativos, procedimientos civiles y penales, entre otros.
• Establecer sanciones de carácter administrativo y penal para las actividades que causen daños significativos a la integridad de los ecosistemas.
• Instaurar un régimen de responsabilidad ambiental con mecanismos de ejecución.
• Garantizar el efectivo funcionamiento de instituciones encargadas del monitoreo, control y sanción de las leyes ambientales, incluyendo también el control y monitoreo de la gestión de los recursos públicos.
• Fortalecer los mecanismos de ejecución de las decisiones judiciales.
• Instaurar mecanismos extrajudiciales para la resolución rápida de controversias sobre los recursos naturales.
• Implementar un programa de capacitación de los jueces sobre derecho ambiental y cambio climático y las herramientas disponibles para la identificación y cuantificación de servicios ecosistémicos como elemento a considerar para la determinación del daño ambiental.